juan guillermo tejeda

UNIVERSIDAD

Posted in normal by jgtejeda on mayo 29, 2008

EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA >>>> VÍCTOR L. PÉREZ V., RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

El anuncio hecho por la Presidenta sobre una nueva política orientada a apoyar a las universidades públicas viene a dar un necesario impulso a una política global de fortalecimiento de la Educación Pública, donde se acogen anhelos y planteamientos que nuestras comunidades universitarias han formulado en reiteradas oportunidades, y que fueron bien acogidas en la Comisión Asesora Presidencial de Educación Superior. Ahora debemos avanzar en concebir un modelo de educación pública que incluya a todas las universidades estatales, defina el papel de éstas en el sistema global y proponga compromisos de ellas con el Estado y las regiones, y de éstas con sus instituciones.

El principio general es que las universidades estatales están llamadas a proveer bienes públicos que el Estado requiere garantizar dentro del sistema educativo superior y que son complementarios a otros bienes públicos que proveen las instituciones privadas. Este principio explica por qué las universidades estatales en los países desarrollados no sólo existen, sino que constituyen un pilar fundamental en su estrategia de desarrollo, y por qué esos estados mantienen un sistema de financiamiento que les permite cumplir su misión.

En la formación profesional la universidad pública posibilita al Estado garantizar una preparación con diversidad de visiones, tolerante y pluralista, con equidad en el acceso al conocimiento, sin discriminación, fronteras temáticas ni limitación a intereses específicos.

En investigación y creación, el bien público se expresa en constituir un espacio de libertad protegido de los legítimos intereses particulares, desde donde el conocimiento avanza sin reconocer otros límites que los que impone la legalidad y motivado por el bien común y el avance en la construcción de la sociedad del futuro.

Esa libertad provee a la sociedad de una referencia erudita e independiente en la discusión de los grandes temas nacionales, una forma de extensión universitaria que constituye una instancia de fe pública frente a los complejos dilemas que involucran y afectan a visiones específicas.

Tal libertad también permite y compromete el análisis y generación de propuestas en temas que no aparecen urgentes en el corto plazo, y por lo tanto se postergan, pero que pueden afectar el bienestar de las próximas generaciones o constituir desastres por falta de previsión.

Una condición insoslayable es que las universidades públicas deben ser instituciones de reconocida excelencia en los ámbitos de sus competencias. Éste es un requisito que nuestra sociedad se merece y debe exigir, de otra forma el aporte que estas instituciones realizan no garantiza una contribución real al bien común, más bien puede conducir a errores que el país debe evitar.

Proponemos que se definan universidades estatales con una vocación regional. Tal definición orienta el compromiso de ellas con los problemas específicos de cada región, sin perjuicio de su contribución en iniciativas de interés nacional. La Universidad de Chile debe mantener su carácter nacional, que se entiende como un compromiso con las grandes tareas nacionales.

Este elemento diferenciador dota a la política general que fomenta del desarrollo equilibrado entre regiones y el centro, de un sustrato intelectual adecuadamente enfocado a temas específicos de las regiones.
Para ejercer la misión de creación de los mencionados bienes públicos, el Estado debe comprometer un financiamiento de carácter basal para la provisión de tales bienes, que sea diferenciado totalmente de otros aportes a la educación superior en que todas las instituciones puedan participar. Las universidades estatales, por su parte, deben establecer compromisos formales que justifiquen tal financiamiento, ya sea con la autoridad regional o central, según corresponda. Para ello se propone utilizar instrumentos eficientes y transparentes que garanticen el cumplimiento de los compromisos contraídos.

La discusión de la Ley General de Universidades, en un capítulo referente a la educación superior, constituye la oportunidad histórica para consolidar a nivel constitucional el concepto de bienes públicos en la educación superior y la existencia de universidades estatales que provean aquel conjunto de esos bienes respondiendo exclusivamente a los intereses de todos.

Artículo publicado en El Mercurio, cuerpo A – página 2, el 28 de mayo de 2008.

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